La mina podria haber contaminado La Rivera

Desestimas las alegaciones de 'Cobre las Cruces' que ratifica la suspensión de la autorización
EP.- Existen "evidencias de contaminación metálica" detectadas en el drenaje que conduce desde el sondeo de la gravera hasta el río Rivera de Huelva, Un informe revela la "gravedad de la situación" del acuífero por episodios de "contaminación" y "repetidos incumplimientos"
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha desestimado las alegaciones formuladas por la compañía minera 'Cobre las Cruces' contra la suspensión de la autorización otorgada en 2003 para extraer e inyectar líquido elemento del acuífero Niebla-Posadas, ratificando así la suspensión de la concesión a través de un documento que en varias ocasiones alude a los "repetidos" incumplimientos en los que habría incurrido la empresa. El citado documento rememora que fue el pasado 9 de abril cuando se resolvió suspender cautelarmente la autorización de drenaje e inyección otorgada a 'Cobre las Cruces' sobre el acuífero a consecuencia del desequilibrio detectado en cuanto a la extracción y el bombeo de agua y a las 20 perforaciones ilegales descubiertas en el fondo de la excavación.
Fue el 9 de mayo, según este documento, cuando el Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico de la CHG concluyó la "insuficiencia" de las medidas correctivas propuestas por 'Cobre las Cruces' a consecuencia de la clara "falta de garantías" en cuanto a que la actividad minera no afectara al acuífero. Este mismo informe, por si fuera poco, corrobora la "gravedad de la situación" del acuífero Niebla-Posadas y su "continuidad en el tiempo" dada la "persistencia" de diferentes "incumplimientos" detectados por la CHG en cuanto a los términos de la concesión administrativa otorgada en 2003.En concreto, la CHG ha reconocido "importantes incumplimientos" como la "modificación" unilateral y no autorizada del modelo hidrogeológico de aprovechamiento del acuífero o el arranque de los trabajos de extracción de aguas "sin que culminara" el proceso de inspección obligatorio según los términos de la concesión administrativa. Las condiciones específicas del documento, igualmente, han sido "repetidamente incumplidas" al no gozar la compañía del asesoramiento de un hidrogeólogo residente hasta el mes de septiembre de 2007. También en el episodio de bombeo e inyecciones, la CHG detecta una detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos de agua como resultado del balance de ambas operaciones mientras la empresa habría propuesto una reinyección del agua procedente del drenaje del fondo de la mina pese a su prohibición expresa al tratarse de "aguas contaminadas". Así, el organismo que preside Francisco Tapia alerta de que la empresa minera no ha "aclarado" la gestión de estas aguas en la fase de posclausura.
Finalmente, el documento hace alusión al informe emitido por el Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico en cuanto a las "evidencias de contaminación metálica" detectadas en el drenaje que conduce desde el sondeo de la gravera hasta el río Rivera de Huelva, así como la "contaminación por oxidación de las aguas drenadas" y otras deficiencias por las que se ratifica la suspensión de la concesión otorgada en 2003 para aprovechar el acuífero Niebla-Posadas "hasta que quede garantizada la preservación del dominio público hidráulico", extremo que pone fin a la vía administrativa y sólo admite un posible recurso de reposición o la apertura de un procedimiento contencioso-administrativo.

Denuncia de la Fiscalía contra el Alcalde de Guillena

La Fiscalía denuncia al alcalde de Guillena por los vertidos a La Rivera.El Ministerio Público reprocha al Consistorio su "pasividad manifiesta" en el control de una actividad que causó a finales de 2007 la mortandad de peces
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha presentado una nueva denuncia en los juzgados contra el alcalde de Guillena, Justo Padilla (PSOE), al que atribuye presuntamente un delito ecológico por los vertidos de aguas residuales al río Rivera de Huelva, donde a finales del año pasado se produjo una mortandad de peces.

La denuncia del Ministerio Público, que se dirige además contra un ingeniero-técnico municipal, considera que el regidor puede ser responsable de las "irregularidades" detectadas por su "pasividad manifiesta" en el control de los vertidos, ya que el Ayuntamiento estableció un "vertedero incontrolado" de más de dos hectáreas a tan sólo 60 metros del cauce, en una zona inundable. La Fiscalía entiende que el Consistorio actuó "sin adoptar acondicionamiento alguno que restringiera el paso o el control de lo que se vertía, con el consiguiente peligro de contaminación de las aguas".

La Delegación de Medio Ambiente abrió un expediente y ordenó la paralización de los vertidos, la limpieza de la zona y el precinto, pero éste "fue eliminado en agosto de 1999 y desmontados los carteles indicadores de la clausura, manteniéndose la actividad hasta día de hoy". La Fiscalía recoge que esta situación se agrava por la existencia de empresas de tratamiento de áridos, algunas de las cuales carecen de autorización, y sin que se ejerza un control sobre las mismas.

La unión de todos estos factores originó una mortandad de peces en el tramo del río que va del vertedero de Guillena hasta la zona donde se encuentran las explotaciones mineras. El fiscal pide al juzgado que abra una investigación y tome declaración al alcalde y al arquitecto-técnico, además de recabar informes sobre los posibles daños en las aguas del río.