La Audiencia dá la razón a la oposición

El alcalde de Guillena irá a juicio por las obras del Cerro
El alcalde de Guillena se sentará en el banquillo acusado de tres delitos contra el medio ambiente, por la concesión de licencias en una zona verde. La Audiencia ha rechazado su recurso contra el inicio de la causa, porque hay indicios “constatables” de delito.
El procedimiento iniciado contra el primer edil de Guillena, Justo Padilla, por la presunta concesión de licencias para la construcción de 21 naves industriales en una zona verde continuará adelante, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya desestimado su recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 8 ordenando la apertura de diligencias.
En un auto muy fundamentado, más semejante a una sentencia, la Sección Primera deja claro que hay “indicios racionales serios y constatables” de que Padilla pudo conceder, mediante decretos de Alcaldía, “en tres ocasiones licencias con pleno conocimiento de su irregularidad”. En este sentido, la Audiencia considera que en el trámite administrativo previo, los técnicos municipales “especificaban que la parcela donde se ubica la construcción se encuentra con calificación de zona verde”.
En su recurso, Padilla apela a los procesos contencioso-administrativos pendientes sobre la modificación de la calificación de esta parcela en el polígono El Cerro. Sin embargo, el tribunal entiende que las actuaciones que se sigan a este respecto en otro orden jurisdiccional “no tiene directa e inmediata incidencia con lo que es objeto de estas actuaciones penales”.
Por otro lado, el auto incide en que no se puede “obviar” el hecho de que el acusado, “por llevar como alcalde de dicha Corporación una etapa suficientemente prolongada”, debe contar con “los mínimos y esenciales conocimientos de cómo se han de tramitar los expedientes administrativos” para la concesión de licencias urbanísticas. Más aún, “cuando está asistido por los correspondientes técnicos de esta materia”.
La causa, por la que el alcalde se enfrenta a casi cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación por tres delitos contra la ordenación del territorio –prevaricación especial– se abrió a raíz de una denuncia de IU-Nueva Izquierda-Unidad Popular Andaluza. La concesión de licencias se remonta a 2002.